facebook      youtube   rss

La sanidad pública a debate

"SANIDAD PÚBLICA A DEBATE".

Jueves 27 de noviembre a las 18,30 horas en el centro de salud de la calle Maqueda, (Seseña, 44 esquina Illescas)

 

MANIFIESTO DE EXIGENCIAS PARA NUESTRA SANIDAD PÚ́BLICA

Para comprender la verdadera profundidad del proceso de privatización de la Sanidad Pública de nuestro país y establecer estrategias en su defensa, a corto, medio y largo plazo, se hace necesario enmarcar dicha privatización dentro del contexto de cambio de modelo social, que de forma global y desde los años ochenta está llevando a cabo el neoliberalismo, acrecentado en su actual etapa, con el desmantelamiento a pasos agigantados del denominado Estado del Bienestar.

No se trata, pues, de una novedad motivada por las necesidades de «austeridad» y ahorro impuestas por la actual coyuntura, sino del punto de llegada de todo un programa político e ideológico marcado por las instancias supranacionales del capitalismo y de exigido cumplimiento por parte de los Estados nacionales, dependientes y rehenes de un modelo de crecimiento económico basado en el mecanismo de una deuda permanente, caracterizada tanto por un crecimiento exponencial como por una ilegitimidad que ha de ser cuantificada.

Los orígenes de la privatización de la Sanidad Pública en el estado español no se sitúan, por tanto, en el inicio de la mal denominada “crisis económica global” que da comienzo en 2007. Las conclusiones y recomendaciones privatizadoras del llamado informe Abril, encargado por el gobierno de Felipe González, no quedaron aparcadas de forma definitiva, sino que se han ido desarrollando de forma imparable desde 1991, amparadas por los distintos gobiernos de los dos partidos que se han alternado en el poder y, con distinta intensidad, por comunidades autónomas con las competencias transferidas.

La entrada de la empresa privada a la prestación de servicios sanitarios con financiación pública, así como su penetración de forma integral con la entrada en vigor de la ley 15/97, el cambio profundo en el marco de las relaciones laborales del personal sanitario encaminado hacia criterios de orientación empresarial más que de función pública, las mutuas laborales, la privatización de actividades sanitarias rentables económicamente, no estrictamente de profesionalidad clínica, son exponentes, entre otros muchos, del citado proceso privatizador.

En la Comunidad de Madrid, la llegada al gobierno de Esperanza Aguirre, exponente del sector más neoliberal y reaccionario del Partido Popular, propicia una estrategia perfectamente diseñada dirigida hacia un intenso y acelerado desmantelamiento de lo público, esencialmente en Educación, Servicios Sociales y Sanidad, privatizando y facilitando con dinero público un negocio multimillonario a empresas con ánimo de lucro.

Cabe destacar, entre otras, las medidas que en este sentido pone en marcha desde el inicio de su gobierno en la Comunidad de Madrid:

- Deterioro sistemático de la Sanidad Pública Madrileña, situándola en los últimos puestos a nivel nacional de gasto sanitario por habitante; supresión de servicios de camas hospitalarias; empeoramiento generalizado de los existentes; disolución de entes sanitarios de interés de servicio público, como la Dirección General de Salud Pública, el Instituto de Salud Pública o la Agencia para la Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid Pedro Laín Entralgo, entre otros; desmantelamiento progresivo de unidades e infraestructuras hospitalarias, centros y servicios sanitarios públicos, con el añadido recorte drástico en recursos humanos.

- Campañas de desprestigio mediático neoliberal de la Sanidad Pública Madrileña: Listas de espera prolongadas para pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, acompañadas de forma coercitiva con ofertas de sanidad privada debidamente publicitadas como rápidas, eficaces, de calidad y engañosamente calificadas de gratuitas; campañas de desprestigio dirigidas a escenificar un pretendido desastre en la gestión y desarrollo de la Sanidad Pública Madrileña y la necesidad imperiosa de la introducción de la privatización como auténtica solución de eficacia sanitaria.

- Intensificación acelerada de los conciertos de derivación de pacientes con patologías rentables económicamente para clínicas y empresas privadas, cuya captación se propicia con la creación de un Área Sanitaria única y la supresión de las once existentes; la privatización continuada de servicios sanitarios: lavandería, cocina, donación de sangre, citas sanitarias, análisis clínicos, mamografías; el cierre de servicios de salud mental, entre otros.

- La construcción de diez hospitales financiados con dinero público, cuatro de ellos de gestión totalmente privada y seis de gestión mixta, y la propuesta de privatizar 27 centros de Primaria y centros de Especialidades, con el objetivo de cerrar de forma rápida y profunda el circuito de la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid y dejar fuera del sistema sanitario público a un número muy considerable de ciudadanos y ciudadanas madrileños.

- Las leyes que amparan las privatizaciones como la 15/97, el Decreto Ley 16/2012 que rompe el principio de Universalidad, y el “Plan de Sostenibilidad” diseñado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que pretenden una transformación esencial del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) hacia un sistema no universal, privatizado en su gestión y provisión, deteriorado en calidad y sometido a criterios de "pago por uso" en parte de sus prestaciones.

Ante un proceso tan profundo de desmantelamiento de la Sanidad Pública Madrileña, en otoño de 2012, se forma un movimiento social como nunca antes se había producido en Defensa de Nuestra Sanidad Pública, Universal y de Calidad.

En esta reacción social, denominada Marea Blanca, confluyeron muchos ciudadanos, asambleas populares, asociaciones vecinales y de enfermos, coordinadoras y espacios de coordinación entre centros sanitarios, plataformas y mesas mixtas entre profesionales y ciudadanos, sindicatos, etc. En definitiva, se puso de manifiesto la oposición de la población madrileña ante los ataques que soportaba el sistema sanitario público, considerado como patrimonio de todos.

Lo conseguido por esta reacción social es indudable: La paralización del "euro por receta"; la salvación parcial del Hospital de La Princesa; la retirada momentánea de los procesos de privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales públicos y 27 centros de salud, con la consecuente dimisión del Consejero Fernández-Lasquetty.

Un momento clave fue la celebración en mayo de 2013 de la Consulta Ciudadana en la que casi un millón de madrileños y madrileñas votaron en contra del plan privatizador del gobierno regional y de las leyes que lo sustentan. La aportación de la Marea Blanca a la idea de que "Sí se puede" ha sido por tanto decisiva, e incluso ha traspasado las fronteras de la Comunidad de Madrid, para ser también referencia en otras comunidades autónomas. Incluso ha servido de incentivo para la defensa de otros derechos sociales y de servicios públicos.

Sin embargo, no se puede ignorar que, pese a tales esfuerzos y logros, el Gobierno regional actual continúa con su “Plan de Sostenibilidad” desmantelando la Sanidad Pública, reduciendo cada vez más sus recursos materiales y humanos.

Precisamente es el momento en el que la convergencia y la cooperación entre el personal del sistema sanitario público y la ciudadanía ha de ser más fuerte que nunca. Nos jugamos mucho. Nada menos que un Modelo Sanitario que, con sus defectos, ha sido el resultado de una lucha de generaciones, y que ha sido alabado en multitud de foros e instituciones, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Entendemos que la protección y la promoción de la Salud es un derecho para todas las personas y una obligación para los Estados y Gobiernos, como así lo reconocen la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, la Constitución Española en los artículos 43, 49 y 50 que lo especifican, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la propia OMS en su 51a Asamblea Mundial de la Salud con el acuerdo “Política de Salud para Todos en el siglo XXI”.

En el año 2000 la Conferencia de Bangladesh define la Salud como: “un asunto social, económico y político, y es, sobre todo, un derecho humano fundamental. La desigualdad, la pobreza, la explotación, la violencia y la injusticia están en la raíz de la mala salud y de las muertes de los pobres y los marginados. La salud para todas las personas significa que deben desafiar los intereses de los poderosos, que hay que hacer frente a la globalización y que las prioridades políticas y económicas deben cambiar de forma drástica”.

La Salud no sólo es la ausencia de enfermedad: el nivel socio-cultural, el desempleo, la precariedad laboral, la falta o escasez de los Servicios Sociales, la carencia de una vivienda digna, la exclusión social, la pobreza, el deterioro del medio ambiente son, entre otros, factores que influyen decisivamente en ella.

Diversas formas de encuentro colectivo, incluidas en la Marea Blanca, han visto la necesidad de trabajar unidos, para mantener una lucha más eficaz en defensa de la Sanidad Pública, que permita elevar el grado de concienciación ciudadana e impedir, entre todos, la privatización sanitaria. No se trata de sustituir ni suprimir nada de lo existente, ni interferir en la línea de trabajo propia de cada grupo, sino crear un lugar de encuentro basado en el consenso de cara a la defensa de la sanidad pública madrileña como un sistema de alta calidad, universal, equitativo y de gestión 100% pública.

Desde este espacio, consideramos que es el momento de plasmar en un documento lo que la población exige: un compromiso político permanente que asegure un sistema sanitario Público, Universal, Equitativo y de Calidad. Para ello, creemos imprescindible defender unos mínimos básicos y de obligado cumplimiento para los próximos gobiernos:

Ante todo ello, EXIGIMOS:

1.- Un modelo sanitario público, universal, equitativo, financiado adecuadamente a través de impuestos progresivos, con carácter finalista, con gestión pública que priorice las necesidades de salud de la población, basado en la prevención y promoción de la salud y la autonomía del paciente, con especial atención a las personas dependientes.

2.- La Atención Primaria como centro del Cuidado Integral de la Salud de la población, estrechamente coordinada con la Atención Especializada, la Salud Mental, la Salud Pública y los Servicios Sociales.

3.- Una Sanidad Pública con recursos humanos suficientes y un uso adecuado de medios de diagnóstico y tratamiento (medicamentos y tecnologías sanitarias), según su eficacia, seguridad y necesidad. Provista de la capacidad suficiente para la promoción y desarrollo de la investigación y formación públicas; así como para el ejercicio de un control estricto de la industria farmacéutica y de otras tecnologías sanitarias. Dotada, al mismo tiempo, de una gestión absolutamente transparente, con el control social necesario, tanto en el libre acceso a los presupuestos sanitarios como en su propia elaboración.

4.- El cambio de la estructura de los centros asistenciales hacia una organización democrática y participativa (trabajadores y usuarios), trasformando las actuales estructuras basadas en la simple confianza política en las diferentes direcciones, por otras en las que los cuadros directivos estén sometidos de forma permanente a un control democrático de su actividad.

5.- La necesidad de contemplar la atención sanitaria desde la perspectiva de cuidado integral a la población, rechazando, por tanto, toda propuesta de atención por objetivos que no se circunscriban al estricto ámbito de rentabilidad social sanitaria, como así se pretende, entre otros, con la creación de Unidades de Gestión Clínica, que rompe la unidad de criterio de la gestión pública sanitaria e introduce elementos de referencia mercantil, favoreciendo además la apertura a la iniciativa privada en Centros Sanitarios Públicos.

6.- Poner fin a las derivaciones indiscriminadas a centros sanitarios privados. La sanidad pública debe disponer de la infraestructura y de los recursos humanos y técnicos suficientes para que los enfermos sean atendidos en los centros sanitarios públicos en el menor tiempo posible, con la máxima calidad y sin discriminación alguna.

7.- La retirada de la reforma del Código Penal que desprotege y vulnera los derechos de los enfermos con trastorno mental; así como la urgente reapertura de los centros públicos y servicios de Salud Mental.

8.- Anulación definitiva y en su totalidad del proyecto de ley del aborto, capacitando a la red sanitaria pública para acoger de forma protocolizada y sin trabas, la decisión que pueda tomar toda mujer sobre su embarazo; facilitando a su vez métodos eficaces para la prevención de embarazos no deseados, y promoviendo acciones de educación sexual y afectiva para toda la población: hombres y mujeres.

9.- El derecho de cualquier persona a una muerte digna; de modo especial, el de los enfermos terminales e irreversibles a morir sin sufrimientos, si éste es su deseo expreso. Como así, en este sentido, desde 2002, la Ley de Autonomía del Paciente profundiza en los derechos individuales regulando el documento de instrucciones previas. Para ello es imprescindible la promoción y dotación de los suficientes recursos técnicos y humanos a las Unidades de Cuidados Paliativos.

10.- Revertir todo lo privatizado en la Comunidad de Madrid al sistema sanitario público madrileño. Se deben poner en marcha por parte de las Administraciones Públicas, políticas a corto, medio y largo plazo dirigidas hacia tal fin.

11.- La derogación de todas las leyes, Reales Decretos Ley y normativas de nivel estatal y de las comunidades autónomas que amparan y favorecen la privatización de la Sanidad Pública, con especial atención a la Ley 15/97, que constituye la base legal de la privatización, el Real Decreto Ley 16/2012, que discrimina y expulsa injustamente a una importante parte de la población del sistema sanitario, así como la retirada definitiva del Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, amparado en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad de Madrid en Noviembre de 2012.

12.- La derogación del actual artículo 135 de la Constitución, reformado en Agosto de 2011 por el PSOE y PP, que prioriza el pago de la deuda y sus intereses frente a cualquier tipo de gasto y que afecta de forma crucial al gasto sanitario.

13.- La realización de una Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad que identifique la posible deuda ilegítima y se pueda declarar el no pago de la misma y, en su caso, exigir las responsabilidades correspondientes.

14.- La exclusión total, por motivos de interés general, de la Sanidad y otros Servicios Públicos (Educación, Agua, Serv. Sociales...) de las leyes europeas e internacionales de mercado con especial rechazo y, en su caso, la no ratificación al Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones EE.UU-UE (TTIP), que supondría, entre otras cosas, la total liberalización de la Sanidad Pública.

¡¡¡ JUNTOS SI SE PUEDE ¡¡¡
¡¡¡ LA SANIDAD NO SE VENDE, SE DEFIENDE ¡¡¡

 

logosomos

logocajas

logocarcel

logoonda

logo15m

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %