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Recorte brutal en las ayudas para cobertura de necesidades básicas y emergencia social en Latina

La JMD de Latina ha decidido afilar la tijera y efectuar un recorte sin precedentes en los Servicios Sociales. El presupuesto destinado a paliar el estado de extrema necesidad de personas en situación de inseguridad económica –niños de familias empobrecidas, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, mayores en situación de vulnerabilidad y personas en situaciones de extrema precariedad en general- ha sido recortado en el distrito en una proporción sin parangón en otros servicios y partidas. De los aproximadamente 300 mil euros con los que contaba el distrito en 2011 –una cantidad que ya de por sí era irrisoria en relación a las necesidades sociales de un distrito con 250 mil habitantes- se ha pasado a una cantidad aproximada de 60 mil euros que deberán gestionar la treintena de trabajadores sociales. Esto supone que cada trabajador social, con una media de 400 expedientes de familias cada uno, cuente en el presente año con un presupuesto aproximado de 2.500 euros. Teniendo en cuenta que la subvención de dos meses de escuela infantil privada equivale 1.300 euros o que el alquiler de la vivienda más barata en el barrio no baja de 600 euros, el resultado es que este año sólo unas 8 personas o familias en situaciones de extrema necesidad por cada trabajador social podrán beneficiarse de estas ayudas de emergencia.

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No se trata de elogiar sin más estas ayudas. Las ayudas económicas que gestionan los Servicios Sociales no constituyen un derecho subjetivo al que puedan apelar los vecinos usuarios: la persona solicitante no tiene unos requisitos y unos baremos a los que agarrarse y reclamar su derecho a unos ingresos mínimos, sino que se trata de ayudas graciables sujetas a la valoración de los profesionales y a la existencia de presupuesto. Esto hace posible que las ayudas puedan funcionar como un mecanismo de control sobre algunos vecinos que no encuentra ningún paralelismo con el que se efectua con las familias más favorecidas socialmente: al no tener que acudir a los Servicios Sociales, las familias de clase media y alta no tienen que rendir cuentas por ciertos aspectos de sus vidas, pero la pobreza que arrastra a solicitar ayudas coloca a algunos sujetos bajo cierta vigilancia. Las ayudas están sujetas al cumplimiento de ciertos objetivos de intervención, a resultas de lo cual, dependiendo del profesional (algunos ni siquiera están dispuestos a gestionar ayudas) y de su valoración (siempre arbitraria y en función de los valores del propio trabajador social), la persona o familia podrá cobrarla o no. Este mecanismo generador de control social y de culpabilización en forma de deuda moral entre los usuarios de los Servicios Sociales, servía al menos para parchear determinadas situaciones de extrema necesidad: pagando un mes de deuda de comedor escolar (dado que las becas son ridículas) o un mes de alquiler, las familias conseguían retrasar la agonía de la salida del recurso o del desahucio. Por otro lado, estas ayudas eran empleadas por algunos trabajadores sociales guiados por una relación de alianza con las familias con las que trabajaban como parte del proceso de intervención integral que se llevaba a cabo a través de, por ejemplo, el apoyo socioeducativo de los educadores sociales. Se puede afirmar que las ayudas para cobertura de necesidades básicas, emergencia social, comedor escolar o escuelas infantiles eran, pese a los costes burocráticos y emocionales que ocasionaban, un alivio para sus perceptores, útiles a los trabajadores sociales e imprescindibles para la Administración neoliberal en su empeño por, más que redistribuir recursos, gestionarlos con el fin de que situaciones alarmantes no llegasen a visibilizarse en los medios de comunicación o de que se transformasen en una fuente de desorden en forma de hambre, mendicidad, delincuencia…

Sin embargo, hasta estas ayudas de emergencia que resultaban útiles a la gestión gubernamental de la pobreza se han eliminado en el distrito de Latina. El desequilibrio presupuestario generado por las mastodónticas obras destinadas a convertir a Madrid en una marca global y el apremio de las entidades financieras que hicieron negocio durante el periodo de expansión, y lo siguen haciendo en el de recesión (obteniendo dinero público al 1% y prestándoselo a los ayuntamientos al 5% mientras desahucian familias que luego tendrán que acudir a los propios servicios sociales), han provocado el enésimo recorte, ésta vez sobre las personas en situación de mayor desposesión: trabajadores expulsados del mercado laboral tras haber vendido su fuerza de trabajo a precio de saldo, excluidos del sistema de becas, de las plazas de escuela infantil públicas y de los demás mecanismos de protección social. Dada su invisibilidad social, ya que la desposesión va acompañada del silenciamiento de su voz, el Ayuntamiento ha recortado impunemente lo poco a lo que tenían derecho (si es que esas migajas se podían interpretar como tal). Ahora que ya no queda presupuesto para estas ayudas económicas para lo que queda de 2012 en ninguno de los tres Centros de Servicios Sociales del distrito –Gallur, Los Yébenes y el recién inaugurado a bombo y platillo Fuerte de Navidad-, ¿cómo piensan gestionar los políticos profesionales lo que se derive de las situaciones de precariedad que la desigualdad social y la (in)acción de la Administración generan? Suponemos que con discursos criminalizadores de la pobreza y con más policía.

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